* Más de 240 son sancionados por dar información falsa en los procedimientos de contratación, no formalizar contratos e incumplimientos, entre otras conductas.
* Se impusieron más de 170 inhabilitaciones que van de los tres meses a los siete años.
* Incumplieron las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
MÉXICO, 11 de febrero de 2024.- Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso 266 sanciones a 249 licitantes, proveedores y contratistas del gobierno federal, a quienes aplicó multas por un monto total de mil 020 millones 148 mil 646 pesos, por incumplir las leyes en materia de contrataciones públicas.
Las sanciones fueron resueltas con base en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, vigentes al momento de los hechos, por las conductas siguientes:
– 209 por proporcionar información falsa en los procedimientos de contratación.
– 45 por no formalizar los contratos adjudicados.
– 12 por incumplimientos contractuales que causaron daños graves al erario público.
De las sanciones referidas, 237 fueron impuestas por los Órganos Internos de Control y 29 por la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas. En total, incluyeron 175 inhabilitaciones para participar en contrataciones públicas, que tienen periodos de tres meses a siete años.
Las inhabilitaciones están publicadas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, en enlace: https://directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx, y su registro puede variar dependiendo de las determinaciones dictadas como resultado de los medios de impugnación interpuestos.
En cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y al Programa Sectorial de Función Pública, la SFP cuenta con atribuciones para llevar a cabo procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y contratistas cuando infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas, lo que contribuye a prevenir e inhibir actos de corrupción.
