Este miércoles, la diputada Esperanza Villalobos, propuso una iniciativa de Ley que castigaría con prisión a quien cometa fraude en la venta o alquiler de tanques y concentradores de oxígeno o aumenten su precio de forma desproporcionada.
Las sanciones para este delito irían de 75 a 200 días de salario mínimo, además de cuatro a siete años de prisión. Si este delito se comete durante una emergencia sanitaria, como la actual pandemia de COVID-19, las sanciones aumentarían una tercera parte.
La iniciativa de Ley, que modificaría el Artículo 232 bis del Código Penal capitalino, fue presentada este miércoles en la sesión permanente del Congreso de la Ciudad de México.
Esta iniciativa “busca sancionar a quienes cometen fraude con la venta y recarga de oxígeno, en el marco de la actual situación de pandemia por COVID-19, pues se está atentando directamente contra la vida de las personas”, declaró la diputada durante la sesión.
Por el momento, la propuesta fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y viabilidad.
Con información de Magaly Montoya
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