* Los reconoce como sujetos de derecho público, sus lugares sagrados, cultura ancestral e identidad: Adelfo Regino
* Tenemos que recuperar nuestros valores tradicionales y comunitarios: Jesusa Rodríguez
* El plan representa la oportunidad de reconstituirse como pueblos, expresan autoridades indígenas.
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 13 de agosto de 2023.- La base y el horizonte del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí de las regiones Noroeste de Guanajuato y Semidesierto de Querétaro es su reconocimiento como sujetos de derecho público y tiene el objetivo de respetar sus lugares sagrados, así como su cultura ancestral y su identidad, afirmó el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
Acompañado por la asesora de la Presidencia de la República en materia de Defensa y Protección del Medio Ambiente, Jesusa Rodríguez Ramírez, señaló que el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí no sólo busca el bienestar material de los pueblos indígenas, sino también su bienestar espiritual.
“Y esto significa que tenemos que recuperar nuestros valores tradicionales y comunitarios; la espiritualidad –que ha existido desde tiempos inmemoriales–, y que hoy estamos reivindicando como parte esencial de este plan de justicia que estamos construyendo.”
En ese sentido, Jesusa Rodríguez señaló que la demanda de reconocimiento que establece el plan habla de la dignidad de los pueblos indígenas: “Más allá de las necesidades materiales hay una dignidad esencial, que es el reconocimiento de su cultura”.
Añadió que “el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene muy claro que una de las primeras acciones para abatir el racismo, el clasismo, es reconocernos en nuestras culturas originarias, que son vastas y ricas; la misión que nos encarga el presidente es muy profunda, es una deuda que tiene el país con los pueblos chichimecas y otomíes”
El delegado de la comunidad otomí de Casa Blanca, Tolimán, Julio César Sánchez Morales, señaló que el plan de justicia representa la oportunidad de reconstituirse como pueblos hermanos con una cultura e identidad propia, porque “al constituirse el Estado mexicano no tomaron en cuenta a los pueblos y comunidades indígenas; por ese motivo, el plan representa una esperanza”.
Dijo que los pueblos chichimecas y otomís tienen una larga historia de resistencia ante el colonialismo, la invasión y las injusticias, y consideró además que el camino para llegar a la justicia ha sido largo. Por eso, apuntó, creemos que el plan garantizará el justo reconocimiento a la cultura e identidad de los pueblos chichimeca y otomí.
La comisariada de Bienes Comunales de la comunidad Misión de Chichimecas, municipio de San Luis de La Paz, Guanajuato, Griselda Ramírez Quevedo, señaló que el plan de justicia condensa las demandas de los pueblos chichimeca-otomí de las regiones Noroeste deGuanajuato y Semidesierto de Querétaro; “es una guía, hacia dónde vamos, cómo quieren ser atendidos los pueblos”.
Durante la reunión de trabajo —en la que se abordaron los ejes temáticos de lugares sagrados, cultura e identidad; tierra y territorio; gobierno tradicional, paz y seguridad; y bienestar común— se acordó recuperar los instrumentos de protección del patrimonio cultural; rehabilitar el camino real o ruta de peregrinación de la Santa Cruz, así como el espacio sagrado del Monolito, además de elaborar un catálogo de lugares sagrados y manifestaciones culturales.
Asimismo, las comunidades acordaron solicitar a las dependencias competentes un diagnóstico sobre la situación de la tenencia de la tierra.
Se acordó también que el INPI presentará una propuesta de talleres con el objetivo de retomar los órganos de representación tradicional o comunitarios, así como sus formas o procedimientos de elección de las autoridades tradicionales.
En el tema de infraestructura acordaron que el INPI entregará a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la lista de caminos y puentes solicitados por las comunidades para definir líneas de acción.
Al encuentro asistieron la comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Josefina Bravo Rangel; la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Claudia Morales Reza; y el presidente municipal de San Luis de La Paz, Luis Sánchez Sánchez.
Igualmente, representantes de SICT; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); Comisión Nacional del Agua (Conagua); Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
