Los millonarios de la guerra contra las drogas

Hace unos días en la polémica conferencia mañanera del presidente se dio a conocer un viejo secreto a voces: el modelo de inversión público-privado aplicado a cárceles federales -su construcción, equipamiento y abastecimientos, entre otros-, sólo trajo consigo negocios multimillonarios de funcionarios públicos y particulares a costa del erario.

Esta es una parte de la historia, pero hay más negocios relacionados que dejaron otros tantos miles de millones de ganancia y que las autoridades deberían investigar si en verdad quieren sanear la vida pública como han pregonado; lo que cada vez parece menos probable, por cierto, dado el cauce que tomó el caso del general Cienfuegos esta misma semana. Así que bien podrían comenzar por la lectura del libro de Peniley Ramírez, que es la historia de cómo funciona el mercado de los contratos de seguridad, cómo se ensamblan los acuerdos detrás del discurso de la “guerra contra el narco”, cómo se obtiene y dónde termina el dinero.

Sus protagonistas centrales son el ya conocido ex secretario de seguridad Genaro García Luna, sobre el que siguen saliendo libros de investigación periodística, y quienes parecen ser sus socios y prestanombres en diversas andanzas que incluyeron pagarle en Miami departamento de lujo y residencia con yate a la entrada a través de empresas cuyos flujos de dinero pasaban por Panamá, aunque cuando fue detenido y su esposa llamó exigiendo dinero para tratar de sacarlo ya no le contestaron el teléfono.

Tampoco lo hizo su cónyuge, quien por cierto es amiga y socia de la pareja de Manuel Bartlett. Se trata del representante en México de una compañía israelí de seguridad, Samuel Sammy Weinberg y su hijo Alexis, que en pocos años pasaron de ricos a millonarios gracias a contratos que incluyeron sobreprecio, sospechosas desapariciones de equipo recién comprado que ni la Auditoría Superior de la Federación pudo encontrar, o un esquema financiero detectado por la fiscalía neoyorkina que sostiene parte del caso en contra de quien se ganó la confianza de Felipe Calderón contándole chismes de los que se enteraba por su afición a intervenir y escuchar conversaciones telefónicas. Sin embargo, otras versiones recogidas mencionan que fue por dinero.

Antes que cualquier consparanoico o derechairo imagine conexiones con la 4T, el Mossad o un complot judío para conquistar el mundo, conviene aclarar –tal como hace la autora- que Bartlett y Weinberg nunca simpatizaron y que los negocios emprendidos en Florida –fallidos la mayoría y con algunas demandas judiciales-, parecían alejados de la discreción requerida en el mundo de los espías, como tener una revista para promocionar su vida de ricos ante la frustración del hijo por no ser reseñado en los medios locales.

Con prólogo de Carmen Aristegui, la obra está organizada en ocho capítulos donde por un lado se sigue el tema de los ganadores económicos de la guerra contra las drogas vía contratos y movimientos de dinero en el mercado mexicano de la seguridad, donde hay empresarios de todo tipo, y por el otro relaciona esta misma guerra y ciertos decomisos de cocaína con el patrimonio y diversos pasajes de la vida de García Luna que incluyen su apodo, afición por el futbol y gusto por James Bond o las canciones de Donna Summer, nexos con la familia Slim, la relación de su esposa con la conductora Fernanda Familiar, el típico “sí, señor” a los superiores durante su ascenso, el empleo de académicos para hacer libros, o la destrucción de documentos y sus amenazas directas o indirectas a periodistas. Sin faltar saqueos a la nación sobre los que tampoco parecen estar muy enteradas opinión pública ni autoridades, como los que presuntamente llevaron a cabo Lidia Noguez, Jaime Luna y Luis Lagarde, empleados de confianza de  Jesús Murillo Karam, el papel de Vanessa Pedraza en la destrucción de contratos entre empresas de los Weinberg y la secretaría de seguridad, los enredos del software Pegasus para espiar periodistas y activistas sociales que todavía no lleva a ningún responsable a juicio, o las estructuras hasta hoy prácticamente intactas que dejó el propio García Luna en el aparato de seguridad del país, que todavía no se desmantelan. Una lectura necesaria, que incluye fotografías interesantes, para que la ciudadanía se documente y exija que se deslinden responsabilidades administrativas, civiles y penales contra quienes resulten responsables.