domingo, octubre 2, 2022
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La memoria de un fiscal despedido | Por Edgar Morín.

En estos días que el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin vuelve a ser noticia por otra acusación vinculada con delitos de cuello blanco, la lectura del libro de memorias del ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aporta algunas pistas para entender la dimensión y posible alcance de esta y otras tramas recientes de corrupción.

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Como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales durante el sexenio anterior, lo echaron de mala manera al investigar asuntos como el de la muy conocida Odebrecht y los alrededor de 16 millones de dólares que la compañía brasileña depositó en varias cuentas bancarias que, una vez trianguladas por varios países con esquemas diferentes, se presume fueron a dar a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y de otras el beneficiario fue el propio Lozoya.

Para desilusión de aquellos amantes de la sangre, picotas o sacrificios rituales, los posibles delitos de esa campaña ya están prescritos aunque todavía es posible investigar financiamientos electorales de los años 2014 al 2017. O el cohecho, pues la trama de corrupción de la constructora brasileña que entre otras cosas patrocinaba campañas a cambio de contratos, despegó aquí en el sexenio de Felipe Calderón y Peña respetó los acuerdos pactados. Así que debe haber muchos más involucrados en lo que parecen actos propios de una delincuencia organizada que difícilmente puede ser juzgada  de ese modo. Algo que dejó ver el abogado del mismo Lozoya, Javier Coello, apodado el fiscal de hierro durante el salinato, en el sentido de que si su cliente cae el resto caerá. De hecho, y contra lo que muchos suponen, pese a viajar en helicóptero de su casa a la oficina o emplear aeronaves de la empresa y aeropuertos privados cerca de Manhattan donde su esposa tiene una propiedad, Lozoya no tenía necesidad económica de involucrarse en política dada la inmensa fortuna familiar, la de ella y la suya propia, donde no faltan los relojes de alta gama, cava particular y una respetable colección de arte que incluye cuadros de Dalí y Picasso.

Claro que como fiscal para delitos electorales, las memorias de Santiago Nieto van más allá de Peña Nieto-Odebrecht-Lozoya, que inclusive ya lo denunció legalmente y meses antes de la orden de aprehensión en su contra hasta soltó aquella frase de “lo digo con toda humildad: tengo tiempo y recursos para romperles la madre”, y cuenta algunas historias que en su momento circularon en la opinión pública como las andanzas nada lícitas del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, de funcionarios de gobierno de Chihuahua o Veracruz, del empistolado Edgar Veytia ahora encarcelado en Estados Unidos, los cinco minutos de fama de Eva Cadena y la Lady Mapache, o la fallida consignación del senador Arturo Escobar del partido Verde. También aborda su enfrentamiento con “grupos de choque especializados en intimidar”, como Antorcha Campesina, y explica el peso de la delincuencia electoral y el daño que produce a la democracia entre otras razones porque “comete más delitos electorales quien detenta más poder”.

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Llaman la atención algunos modus operandi de esta delincuencia: el turismo electoral mexiquense, el fraude cibernético chiapaneco con votos provenientes de Bielorrusia, Angola o Cabo Verde, el clientelismo político, la falsificación de firmas, o el préstamo binacional de votantes México-Guatemala, por ejemplo. Y fenómenos graves como la extendida violencia política de género, que urge combatir. Asimismo, proporciona algunos detalles reveladores sobre lo que llama juniorcracia gobernante donde destacan dichos como los de César Camacho o del ahora ex gobernador Manuel Velasco, quien por recibimiento soltaba un ¿sabías que tu jefa es mi amiga?” y más tarde remataba con el nada sofisticado “está bien, ¿cuánta lana quieres?”. O que la oficina de Eduardo Sánchez en la presidencia, donde se orquestaban campañas en medios contra adversarios y opositores políticos, contaba con un presupuesto de “60 mil millones de pesos para publicidad gubernamental, de forma discrecional, sin rendición de cuentas”.

Otro detalle significativo que permite entender el modo de actuar de este funcionario en su cargo actual al frente de esa suerte de caja de los secretos nacionales que es la inteligencia financiera de Hacienda, es su visión de la importancia que tiene la difusión mediática en labores de investigación en contra de la corrupción. Algo que paradójicamente contribuyó a su caída de la FEPADE, y hoy parece confrontarlo con otro miembro del gabinete que dice optar por la secrecía y el respeto al debido proceso en asuntos como el de Lozoya Austin, pero resultó útil para que delitos y delincuentes electorales mucho más poderosos que el conocido mapache se hicieran visibles en lo que denomina un “manejo de comunicación social agresivo”. Lo que es muy importante en tanto forma parte de ese derecho ciudadano a la información de interés público, y por lo mismo requiere de una mejor estrategia gubernamental de comunicación con herramientas novedosas y proactivas que al tiempo no violen el debido proceso, particularmente en retos como el que hoy tienen encima con el complejo entramado del todavía prófugo Emilio Lozoya.

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