Es posible que la sorpresiva detención del ex secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos Zepeda la semana pasada en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de 4 delitos relacionados con narcotráfico, su ya menos sorprendente fianza negada antier, y todo el espectáculo que vendrá los próximos meses, terminarán de sepultar aquel dicho popular de la época más autoritaria del sistema político mexicano según el cual aquí nadie se mete con la virgen de Guadalupe, Pedro Infante o el Ejército.
Además del duro golpe a la moral institucional y el mayor escrutinio público que se les viene encima, la detención entre otras cosas deja ver esos modos de ser y de hacer tan peculiares de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la desconfianza vigente de su departamento de justicia con el gobierno de México, así como la derrota cada día más obvia de la guerra contra las drogas donde ya es recurrente que la acusación contra quienes están a cargo sea la de proteger a unos y combatir a otros tal como pasó en tiempos de Zedillo con el general José Gutiérrez Rebollo y el cártel de Juárez, o el de Sinaloa y el ex secretario García Luna, el del ex fiscal de Nayarit Edgar Veytia con varios cárteles, y ahora el general Cienfuegos con un representante de los Beltrán Leyva que -se ha dicho- fue traicionado por el propio Veytia y muerto durante un enfrentamiento con la Marina.
La información ha sido escasa, de ahí varias confusiones y que no parezcan fáciles de probar relaciones criminales que pasan por el licenciado García Luna (así le decían los traficantes de Sinaloa y recién circula un libro muy recomendable con ese título), el diablo Veytia y el padrino, según los apodos con que les nombra la fiscalía neoyorquina que también sirven para imponer esa narrativa que criminaliza y que –irónicamente- en su tiempo los ahora caídos en desgracia reprodujeron. Más curioso todavía que estos procesos penales, sumado al de Joaquín Guzmán Loera, transiten por la misma fiscalía de Nueva York que ofrece una inmejorable oportunidad política para cualquier fiscal con ganas de ascenso, o que el departamento de Justicia ahora esté a cargo del mismo funcionario que perdió el caso contra el médico mexicano Humberto Álvarez Machain acusado de estar relacionado con el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.
Quizá por eso se ha ido dando a conocer que entre otras pruebas cuentan con testigos que podrían incluir al mismo Veytia, sentenciado ya a 20 años de cárcel, al Lic. y al mini Lic., compadre y ahijado del Chapo igualmente presos en Estados Unidos, y algunos otros traficantes que controlaron rutas del Pacífico. También dicen tener fotografías e intervenciones de comunicaciones, lo que es muy interesante pues los hechos de los cargos imputados a Cienfuegos que se supone terminaron en 2016, se remontan al 2004 cuando estuvo a cargo de la 15ava zona militar con sede en Zapopan, aunque hay versiones que sitúan el vínculo durante su estancia como comandante de la 9ena zona militar en Guerrero. Esto es, el pequeño detalle de intervenir comunicaciones en nuestro país durante al menos 3 sexenios sin aparente consentimiento legal; y eso que con Calderón prácticamente retozaron con la PGR, la SSP y otras instituciones de seguridad. Lo cual ya debería traer consigo muchas explicaciones de altos funcionarios de la era Fox, Calderón, Peña Nieto.
Cabe recordar que este tipo de colaboraciones por mucho tiempo tuvo oposición de una cúpula militar todavía formada en el nacionalismo revolucionario que por obvias razones desconfía del tío Sam. Así que no parece muy casual que esto ocurra a un año del llamado Culiacanazo, las fricciones conocidas de la DEA con militares mexicanos por lo menos se remontan al caso Camarena, donde hubo acusaciones contra el entonces secretario, general Juan Arévalo Gardoqui, que no estaban sustentadas según el ex procurador que atendió el caso y recién se anima a decirlo. Con el tiempo, y no solo por investigaciones de la DEA, se hicieron públicas más sospechas, acusaciones o hasta algunas condenas judiciales por estas relaciones. Entre otros nombres, destacan casos como el de los generales Jorge Maldonado Vega, Francisco Quirós Hermosillo, Mario Arturo Acosta Chaparro, Gonzalo Curiel García, Enrique Cervantes Aguirre, Roberto Miranda Sánchez o Rafael Macedo de la Concha, cuyo jefe de policía cuando fue procurador era el conocido Genaro García Luna.
Pero nada como hasta ahora. De hecho, el golpe también le pega duro a la 4T no solo por el escaso margen de maniobra política para lidiar con el tema de las conversaciones ilegales y negociar la presencia de la DEA en México, o las consecuencias de extraditar en vez de que los juicios sean aquí y el derecho a la información quede supeditado a la corte de otro país, sino porque además pone en serios aprietos la narrativa presidencial acerca de incorruptibles fuerzas armadas y recuerda a la opinión pública que no es buena opción militarizar la seguridad todavía más a través de esa mala idea llamada guardia nacional.
Sobre todo con el próximo relevo en la secretaría de Seguridad, cuando se mencionaban para el cargo el nombre de varios generales pero que ante el caso Cienfuegos (donde además falta incorporar el tema local de contratos y adjudicaciones directas a familiares, empresas fantasma, empoderamiento administrativo y presupuestal, funciones que contravienen la propia naturaleza castrense de la seguridad nacional, así como redes de corrupción que el sexenio pasado asimismo pasaron por Cisen, PGR y UIF, entre otras), el gobierno federal debería dar paso a un urgente plan B para desmilitarizar la seguridad pública y tampoco optar por esos extraños compañeros de cama que hace la política, como con el ex panista Manuel Espino, por ejemplo, candidato al cargo que está en la misma línea de una seguridad de corte neoliberal tan criticada en la retórica gubernamental.
Y porque a nivel de calle, ese que tanto gusta al presidente López Obrador, esta nueva guardia militar ya empieza a mostrar prácticas típicas de las policías “de antes”, como detener conductores en municipios de la periferia de Chilangotitlán por el grave delito de portación de cara, sobre todo si son jóvenes y van en vehículos viejos. Para que después las autoridades no salgan con que no se les dijo.
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