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En el primer semestre de 2024, la SFP impuso 107 sanciones a licitantes, proveedores y contratistas del gobierno federal

* Durante esta administración suman más de mil 180 sanciones a más de 980 empresas.

* De diciembre de 2018 a junio de 2024, las sanciones económicas suman más de 4 mil 600 millones de pesos.

* Los principales motivos de las sanciones fueron: proporcionar información falsa en los procedimientos de contratación, incumplimientos contractuales y omitir formalizar los contratos adjudicados.

MÉXICO, 08 de agosto de 2024.- En el primer semestre de 2024, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso 107 sanciones a 96 licitantes, proveedores y contratistas del Gobierno Federal por infracciones cometidas a las leyes en materia de contrataciones públicas, con lo que en esta administración suman mil 181 sanciones a 982 empresas.

En ese periodo el monto total de las multas fue de 44 millones 635 mil 522 pesos; en tanto, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2024, el monto fue de 4 mil 685 millones 046 mil 524 pesos, por infracciones cometidas a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Obras Públicas, y a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP).

Los principales motivos de las sanciones fueron: proporcionar información falsa en los procedimientos de contratación; incumplimientos contractuales que causaron daños o perjuicios graves y la no formalización de contratos adjudicados.

Las sanciones están publicadas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, en la dirección electrónica https://directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx/, y su registro puede variar dependiendo de las determinaciones dictadas como resultado de los medios de impugnación interpuestos.

En cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y al Programa Sectorial de Función Pública, la SFP cuenta con atribuciones para llevar a cabo procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y contratistas cuando infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas, lo que contribuye a prevenir e inhibir actos de corrupción.


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