* Los Laboratorios Móviles de la SFP supervisan la calidad de obras.
* Están en proceso dos verificaciones de calidad en obras en el estado de Veracruz.
* La SFP tiene las atribuciones de comprobar la calidad de los materiales de las obras públicas, para lo cual cuenta con los laboratorios móviles.
MÉXICO, 20 de agosto de 2022.- Del 1° de enero al 30 de junio de 2022, los Laboratorios Móviles de Verificación de Calidad de la Secretaría de la Función Pública (SFP) han supervisado obras públicas en San Luis Potosí y Tamaulipas, con un importe total de 207 millones 845 mil 855 pesos
Además, la SFP tiene en proceso dos revisiones de calidad de obras en Veracruz, por 96 millones 895 mil 795 pesos, con lo cual el monto de las obras verificadas en el primer semestre del año suma 304 millones 741 mil 650 pesos.
Con base en sus atribuciones de comprobar la calidad de los materiales y los procedimientos de ejecución del contrato de obra y sus modificaciones, y con la finalidad de verificar que el gasto de los recursos destinados a la obra pública y servicios relacionados con las mismas se ejerza de acuerdo a las Normas Mexicanas e Internacionales, la SFP revisó el cumplimiento de los recursos públicos conforme a las especificaciones y certificados de calidad.
Durante 2021, la SFP aplicó verificaciones de calidad a obras de cinco instituciones de la Administración Pública Federal (APF); en 2020, 33 en siete dependencias, y en 2019, también en siete entes que incluyeron los proyectos prioritarios del Gobierno de México.
Para tal fin, la SFP cuenta con tres unidades de Laboratorio Móvil de Verificación de Calidad, que supervisan elementos como el concreto, la geotecnia, el asfalto y el acero que se utilizan en las obras realizadas por instituciones gubernamentales de la APF.
En el marco del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, la SFP implementa su Plan Anual de Fiscalización, integrado con base en las mejores prácticas metodológicas y privilegiando la supervisión de las áreas que representan mayores riesgos de vulnerar la probidad y eficacia en el servicio público.
