El Congreso de la Ciudad de México aprobó la “Ley Ingrid”, que sancionará con cárcel y multas a los funcionarios que difundan información o fotos relacionadas con procedimientos penales.
“Serán sancionados los funcionarios públicos que, de difundan, entreguen, revelen, publiquen, transmitan, expongan, remitan, distribuyan, videograben, audiograben, fotografíen, reproduzcan, comercialicen, oferten o intercambien imágenes, audios, videos, información reservada o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo e indicios relacionados con algún delito.”
El dictamen reformará el Código Penal de la Ciudad de de México y penalizará con una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización y dos a seis años de cárcel, a quien incurra en dichos actos.
Esta modificación del Código Penal se conoce popularmente con el nombre de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, cuyas fotografías de su cadáver descuartizado salieron en redes sociales y en algunos periódicos. A pesar de que esta ley se aprobó, el caso de Ingrid Escamill, por el que se investigó a seis agentes tras la filtración de las imágenes, no ha sido resuelto.
“Las fotos se venden a los periodistas de la nota roja. Creo que esta legislación es necesaria, pero es vergonzoso que se adelante con el nombre de Ingrid cuando su caso aún está impune”, declaró Ana Yeli Pérez Garrido, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
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