La liberación del ex secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos ya trajo consigo todo tipo de especulaciones en redes de Internet, medios de comunicación y comentócratas de la vida nacional, pero el documento del departamento de Justicia de Estados Unidos enviado a la juez es claro: su caso es firme, pero pesan más razones de política exterior.
Y ya que al paso del tiempo -en los hechos-, ésta con frecuencia se ha basado en tener intereses y no amigos como decía el senador Robert Dulles, llaman la atención varias cosas. Lo inédito, por ejemplo. Esto es, la deferencia de deportarlo en vez de juzgarlo como han hecho con generales bolivianos, paraguayos o centroamericanos, siendo el más conocido Manuel Antonio Noriega el Carapiña tras la invasión a Panamá. Todavía no se sabe exactamente a cambio de qué, pero resulta un tanto para la diplomacia mexicana, el gobierno y en específico para el llamado carnal Marcelo quien gana bonos con la oposición política y el alto mando militar.
Sin embargo, debió ser algo muy grande pues el gobierno vecino tuvo que hacer pública la hipocresía de su discurso moral sobre la guerra contra las drogas y su falta de interés por la justicia cuando la juez denegó la petición de secrecía solicitada. Y hasta cierto punto dejó a la DEA en entredicho, que ha guardado silencio oficial y resentimientos que se remontan al asesinato del agente Camarena acrecentados tras la reciente liberación de Ovidio Guzmán. Tendrán que esperar para cobrarse la afrenta, ya que en los hechos es factible que a esta y a otras agencias de la comunidad de inteligencia norteamericana que trasciende las diferencias partidistas de republicanos y demócratas, ahora les resulte más complicado trabajar en campo y esto tiende a dificultar la ya de por sí compleja relación México-Estados Unidos.
No es la primera vez que por razones de geopolítica, seguridad nacional o política exterior les ocurre, y en este sentido cabe recordar que la DEA incluso fue obligada a cerrar oficina en Honduras durante los tiempos de la contrarrevolución sandinista financiada por la CIA que incluyó la participación de traficantes colombianos y mexicanos en lugares como Veracruz, o a limitar sus operaciones en Pakistán donde tampoco faltaron los tratos de la misma CIA durante la invasión soviética a Afganistán con agencias de inteligencia locales, señores de la guerra, talibanes, traficantes de drogas y Osama Bin Laden.
Mientras el tiempo descubre los detalles de la diplomacia y su negociación, la vuelta del general puede traer consigo lo mismo un escándalo en clave de tragicomedia surrealista que da para novela y teleserie, que un juicio inédito o simplemente nada. En un país polarizado cada bando especula y monologa en redes sobre lo que desean, aunque los antecedentes y problemas estructurales de esa maquinaria que administra la injusticia hacen dudar que la FGR pueda hacer algo. Sobre todo si consideramos que hasta ahora solo han cambiado de nombre, que tampoco han investigado ni limpiado su enorme corrupción interna que incluye hasta al encargado del despacho de la administración anterior Alberto Elías Beltrán y su red de relaciones político económicas, o mejorado una cultura laboral y organizacional riesgosa, mal pagada, con bajos estímulos, poco profesional, jerárquica y tan vertical que dicen quienes la conocen por dentro que no se hace nada si no se ordena por escrito en una cadena que va del Ministerio público federal al fiscal especial, coordinador general, titular de área y subprocurador.
Y el desarrollo que llevan los casos emblemáticos del sexenio, Lozoya y la Estafa maestra, todavía dejan mucho que desear pues no faltan los absurdos como intentar procesar a quienes denunciaron el desvío de recursos. Lo mismo que la supuesta autonomía de la FGR, que recién se puso a investigar al general. También llama la atención que más allá de las presiones –reales o supuestas- de la cúpula militar al presidente para interceder por Cienfuegos y traerlo de vuelta, no se ha hablado mucho sobre la justicia militar, su competencia para investigarlo y si están dispuestos a hacerlo, pues al interior del verde olivo debe haber interesados en ajustarle cuentas pero también corrientes y grupos de interés que buscan protegerlo o mantener un sistema de impunidad para las élites. Por lo pronto, en este impasse antes de que el país vuelva a sacudirse con esta trama de poder, dinero y narcotráfico, o no pase nada, desde ayer el general duerme en su casa. Y ayer también, en esas extrañas coincidencias del destino, el Senado por fin aprobó en lo general el dictamen para la regulación del cannabis o marihuana. Aunque se queda corta y no termina de cerrar la puerta de la extorsión de autoridades a consumidores y adictos, es un avance muy importante para la derrota cultural de la prohibición en nuestro país.
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