Dado que los avances y resultados en materia de justicia o en el tan cacareado estado de derecho no dependen solamente del gobierno de la autodenominada 4T, al parecer enredándose más en sus propias contradicciones, no está de más echar una mirada a otros componentes del aparato de administración y procuración de (in)justicia del país, que también comparten responsabilidad en el conocido desastre nacional.
Una forma interesante de iniciar este acercamiento es la lectura de Voto en contra, escrito por el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, donde a través de 12 capítulos organizados en cuatro partes deja ver algunos temas relevantes que atendió entre 2003 y 2008 como, entre otros, el derecho de los indígenas a juicios justos, los límites a la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, la discriminación en los divorcios, la inconstitucionalidad e ineficacia de los arraigos, o la muy tímida y conservadora regulación de la marihuana que hasta hoy sigue sin acatarse.
Y es que en estas como en otras ponencias y votos, queriéndolo o no, el autor deja ver los alcances y límites del derecho o el tipo de resoluciones que la Corte puede emitir, pero también la mentalidad de sus miembros, o al menos durante el panismo, y las formas que tienen de abordar y resolver distintos casos donde, como el mismo ex ministro parece reconocer, le han quedado a deber al país -sin consecuencia alguna para nuestra propia desgracia.
Casos como el de las víctimas de desaparición forzada donde dejaron pasar la oportunidad histórica de sentar, revisar y consolidar criterios en torno a la reparación integral que ordena el artículo 1 de la Constitución federal, por ejemplo. O el de la misma legalización, donde a decir suyo la sentencia no tuvo carácter estructural, es decir, que debió otorgar una autorización administrativa específica para 4 personas pero ante todo emitir una sentencia exhortativa que posibilitara la creación de una política pública integral en materia de drogas que incluyera revisar el modelo prohibicionista y varios exhortos: al Congreso para que modificara artículos del código penal federal y de la Ley contra la delincuencia organizada. Al Ejecutivo federal para elaborar una política pública integral, así como a las autoridades estatales, de la ciudad de México y municipales para adecuar sus normas jurídicas, planes, programas y presupuestos para regular en el ámbito de su competencia. Pero por mayoría tampoco lo hicieron.
O la estrechez de miras de algunos de sus miembros, quienes en su momento ignoraron argumentos provenientes de la ciencia para con el argumento del “riesgo de contagio” mantener en el Ejército la discriminación por VIH, pero también su apego a estereotipos de roles tradicionales para hombres y mujeres al punto de otorgarles constitucionalidad. Abusando incluso de lo que llaman la “interpretación conforme” para conceder la custodia de menores al haber separación de los padres, y privilegiar a la madre sin mayor respaldo científico. En lo que, como dice el propio ex ministro, “flaco favor le hicimos a la igualdad de género justificando una norma que se apoya en prejuicios”.
Otro capítulo relevante para estos locos tiempos, es el relativo a la libertad de expresión y la importancia que tiene para fortalecer la democracia. Se trata de un derecho fundamental al disenso cuya razón de ser es la protección del individuo frente a las mayorías, que se supone está garantizado en los artículos 6 y 7 de la Constitución con todo y sus dificultades para emplear términos como “moral pública”, en casos de ultraje a la bandera y descalificaciones políticamente incorrectas por ejemplo, o para probar jurídicamente la apología pública de actos delictuosos. Aun así, la Constitución es clara y no protege los discursos de odio.
Y aunque el autor tampoco los refiere por sus nombres, la persona bien informada sabrá que en ese lapso de tiempo entre otros ministros de la tremenda Corte estuvieron Olga María Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Sergio Valls Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Una lectura que ayudará a pensar en el por qué una sociedad debe exigir mayor fiscalización, transparencia y rendición de cuentas a un poder judicial hasta hoy opaco, al que asimismo le urgen mentalidades mucho más progresistas que fomenten los derechos, la democracia y la pluralidad.
